¿Vuelve la represión en Guatemala?

COMUNICADO.

La Prioridad Plan de Desarrollo Integral de la Diócesis de San Marcos ante los últimos acontecimientos que se han dado en el departamento de San Marcos y la región occidental del país, a la opinión pública nacional e internacional hacemos saber.

HECHOS.
Sabemos que en nuestro departamento como el resto del país, se vive una realidad muy difícil y complicada, situaciones que han sido aprovechadas por grupos del crimen organizado, para realizar actividades al margen de la ley. El plan de instalar brigadas militares en varios municipios de nuestro departamento, bajo el pretexto de brindar seguridad a la ciudadanía. La criminalización de que están siendo objeto organizaciones sociales y líderes comunitarios, que han denunciado las injusticias de que está siendo objeto la población, en temas como salud, educación, servicios públicos, medio ambiente. La situación de inseguridad que vive la población, que está siendo sujeta de extorsiones, secuestros y asesinatos, por parte de grupos criminales. La población mayoritariamente pobre, ha quedado en medio sufriendo por un lado los impactos negativos del modelo neoliberal que lo tiene sumido en pobreza extrema y por el otro son criminalizados cuando exigen sus derechos, mientras que los actores de poder siguen cubiertos por el manto de la impunidad.

NUESTRAS POSICIONES.
Vemos con suma preocupación las diferentes fases por las que ha ido pasando el Estado guatemalteco y específicamente los responsables de las carteras de gobernación y seguridad, han ido dando en los temas a su cargo: Primero un Estado ausente en estos temas. Segundo un Estado débil, que ha cedido ante grupos de presión. Tercero un Estado fallido, donde algunos grupos han tomado el control de la situación. Cuarto un Estado represor, que utiliza a la fuerza militar como pretexto para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esta última fase nos causa mucha duda y está fundamentada en que esta estrategia contraviene el papel del ejército en un Estado democrático, sobre todo por el rol que jugaron las fuerzas armadas en el pasado reciente. Además en los últimos meses se han ventilado casos de alto impacto histórico, donde los protagonistas han sido personas que pertenecieron a las fuerzas armadas.

Aunado a lo anterior, desde hace algún tiempo hemos puntualizado el error que las instancias responsables de gobernación y seguridad ciudadana han venido cometiendo, al trasladar su responsabilidad a organizaciones de vecinos, que ni están capacitados ni tienen como función llevar a cabo estas acciones.

Conocemos a la mayoría de las personas de las comunidades y sabemos que gran parte de la población es gente trabajadora y amante de la paz, que se esfuerzan día a día por mejorar sus condiciones de vida.
La justicia no debe hacer distinción de posición social, económica o de clase, pues ante la ley todos debemos ser iguales. La justicia no debe interpretarse como criminalización o persecución, y la seguridad no debe reducirse a la militarización, pues hay que entenderla en sus múltiples dimensiones.

El papel de los medios de comunicación, es el de informar verazmente los acontecimientos que se dan. La imparcialidad es fundamental para no tergiversar los hechos y de esa manera confundir a la población y opinión pública, pudiendo generar escenarios de mayor conflicto.

NUESTRAS EXIGENCIAS.
A las diferentes instancias del Estado, para que escuchen y resuelvan las justas demandas que la población está planteando.

Que las instancias del Estado responsables de investigar, juzgar y sentenciar a quienes actúan al margen de la ley, lo realicen apegado al estado de derecho y sin atropellar los más elementales derechos individuales y colectivos de las personas y comunidades, que luchan por tener una vida más digna.

Es urgente que los temas de seguridad y justicia, sean temas priorizados por el Estado, esto debe traducirse no en millonarias campañas publicitarias ni persecuciones a líderes comunitarios o militarización de las regiones, sino más bien en planes de mediano y largo plazo que vengan a fortalecer técnica y financieramente a las entidades responsables, especialmente la Policía Nacional Civil, para que puedan cumplir con sus funciones.

Que el Estado asuma su responsabilidad de brindar seguridad ciudadana, bajo parámetros de respeto a los derechos humanos y no traslade la misma a organizaciones civiles.

Antes de emitir alguna opinión pública, los funcionarios deben estar seguros de cuanto afirman y contar con pruebas antes de emitir acusaciones, y en ningún modo atribuir responsabilidad a toda una población, que más bien se siente agredida en sus derechos y dignidad.

Finalmente,
Hacemos un llamado a toda la población, para que siga exigiendo sus justas demandas, basándose en el principio del respeto a la ley y no se dejen manipular por personas u organizaciones que no representan sus legitimas exigencias.

Exhortamos a todos los gobernantes y gobernados a que sigamos la ruta trazada en los Acuerdos de Paz, que nos marcan el camino para construir una Guatemala distinta; más fraterna, más humana, más solidaria, más justa.


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